Honduras gana caso contra empresa mexicana que demandaba el pago de 460 millones de dólares

Sede de la Procuraduría General de la República, en Tegucigalpa, Honduras.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Estado hondureño obtuvo una importante victoria jurídica internacional al librarse del pago de USD 460 millones (aproximadamente 12,180 millones de lempiras), tras el fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

La demanda, registrada bajo el expediente ARB/23/3, fue promovida por la compañía mexicana JLL Capital.La firma alegaba presuntos actos de expropiación e injusticia en el trato a su filial local, CA Capital, señalando supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica.

El pasado 30 de septiembre, el tribunal arbitral del organismo dependiente del Banco Mundial resolvió de manera favorable las objeciones de jurisdicción promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR).

Por mayoría de votos, los árbitros concluyeron que el CIADI no poseía competencia legal para dirimir la disputa, dado que las reclamaciones se fundamentaban en medidas de servicios financieros excluidas del marco de protección de inversiones del tratado. Asimismo, el tribunal rechazó las pretensiones subsidiarias de la empresa basadas en el TLC con el Triángulo del Norte.

Trece casos pendientes

Este dictamen representa el primer resultado favorable para Honduras dentro de un paquete de 13 arbitrajes internacionales que el país enfrenta ante el CIADI.

Tras conocerse la resolución, el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, destacó el alcance de la decisión frente al resto de los procesos pendientes:

«Nosotros vamos a defender el patrimonio del Estado de Honduras; la postura del Estado será defenderse», enfatizó el procurador Aspra.

Respecto a los 12 litigios restantes que aún se mantienen activos en el CIADI, Aspra sostuvo que este antecedente sienta un precedente positivo para la estrategia técnica y legal de la PGR. Reafirmó que la prioridad institucional continuará siendo la protección de los recursos públicos y las finanzas del Estado frente a demandas multimillonarias en tribunales internacionales.

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